La coordinación general del programa de equidad de género del poder judicial de la Federación de méxico trabaja para promover la equidad en el acceso a la usticia. entre sus objetivos, se propone incentivar la interpretación de las leyes conforme a los principios de igualdad y no discriminación y transversalizar la perspectiva de género en el aparato administrativo del poder judicial Federal. el acceso a la justicia, sus alcances y estrategias se encuentran en el centro de las áreas en las que trabaja la coordinación general, no sólo por las diferencias de género que se presentan, sino por los efectos que las barreras para su ejercicio tienen en la población en general.
Combatir la violencia contra las mujeres es un mandato universal que concierne a todas las personas, ya que se trata de un problema transversal de las sociedades. La erradicación de la violencia de género exige un cambio cultural. Esperamos que este cuaderno sea un aporte a la comprensión y tratamiento de este mal y permita avanzar hacia su eliminación. Frente a la persistencia de tal flagelo, el Secretario General de las Naciones Unidas llamó a calcular con datos la incidencia de este abuso, en ocasión del lanzamiento de la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” en 2008. La publicación del presente cuaderno responde a este llamado. El documento es parte del proyecto interregional denominado “Fortaleciendo las capacidades para erradicar la violencia contra las mujeres a través de la construcción de redes locales de conocimiento”, ejecutado por la División de Asuntos de Género de la CEPAL en la región de América Latina y el Caribe.
La violencia y la discriminación contra las mujeres ejercidas por el sólo hecho de ser mujeres, se expresan de múltiples maneras tanto en el ámbito público como en el privado y afectan a millones de mujeres en el mundo. Diversos organismos nacionales e internacionales, así como gobiernos e instancias de la sociedad civil, han asumido la responsabilidad social y política de favorecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En los últimos años ha habido avances significativos con base en las convenciones y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, entre los cuales destacan diversas aportaciones en materia legislativa para proteger a las mujeres y reconocer que la violencia que se ejerce en contra de ellas es una violación a sus derechos humanos y un delito sancionable producto de la desigualdad de género construida socialmente. En México, desde la década de los setenta del siglo XX se han desarrollado programas y acciones con el objeto de reivindicar los derechos humanos de las mujeres; sin embargo, es hasta la década de los noventa de ese siglo que el movimiento de mujeres, integrado por feministas, académicas y organizaciones de la sociedad civil afines a la causa, lograron posicionar en la agenda pública el tema de la violencia contra las mujeres. En consecuencia el Gobierno Federal inició la elaboración de estadísticas e investigaciones sobre el tema, haciendo visible las dimensiones de la violencia, especialmente en el ámbito familiar, por lo que se planteó la necesidad de hacer frente a una problemática social como lo es todas las formas de violencia contra las mujeres.
En el año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emprendió un programa de actividades para introducir la perspectiva de género en sus ámbitos jurisdiccional y administrativo como una de las estrategias necesarias para cumplir con las obligaciones constitucionales derivadas del principio de igualdad y del derecho a la no discriminación. Entre los objetivos de dicho programa, se encuentra la reducción de los obstáculos para acceder a la justicia por parte de las mujeres y los grupos menos aventajados, el cuestionamiento de la supuesta neutralidad de las normas, y la visibilización de los impactos diferenciados que la interpretación de las leyes tiene en los hombres y en las mujeres. En este marco, el Máximo Tribunal del país, a través de la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación y la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció una alianza con la Editorial Fontamara para la realización de la serie “Género, Derecho y Justicia”. Esta serie y los propósitos que la animan son ahora posibles gracias al decidido apoyo de la Comisión de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada actualmente por el Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, la Ministra Olga María Sánchez Cordero y el Ministro José Ramón Cossío Díaz. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien formó parte de la misma en su composición original, igualmente contribuyó a la realización de este proyecto editorial.
Cruel, discriminatory and degrading acts against women date back to immemorial times, when the lack of critical distinctions did not enable an awareness of the violation of women’s rights. Human rights are a result of the 20th century; thus, women have created solidarity networks for protecting each other through thousands of years. Literature provides abundant examples of the historical violence against women. The occurrence of violent acts against women has been so overwhelming that its repetition has contributed to “naturalizing” not only violence against women, but also their image as victims or objects. Being repeatedly shown as people who do not feel or suffer violent acts, but rather as if enduring and suffering were part of their “condition.” In Guatemala, 67% of the population states that men are violent by nature. We must recall that in Western culture is rooted in, among others, the flow of a patriarchal view of the world, where men hold power and are entitled to its abuse, “if they are truly powerful”. In other words, abuse proves to be a demonstration of power in the eyes of the abuser and those around him, including the victim. This view has structurally developed throughout the world in such a way that women, in many parts of the world, are considered to be more an object than a subject, an object for pleasure, to be used on demonstrations of power, taken as war loot, negotiated and exploited. Subject to obedience, silence, chastity and condemn, while their bodies are seen as the carriers of evil, sin, weakness, impurity, imperfection and temptation in the eyes of believers and as an icon of the secondary and unimportant. Incidentally, not only Western culture holds this view, the subordination of women to men in the public and private sectors is currently manifested in all cultures and nations, entrenched in the structure of personal and collective identities, with certain attenuating or aggravating hues.
Gambill on Justice
Veterans, Data Privacy, Process of Advocacy, La America Latina, Homelessness, Mass Institutionalization, First Nations
Violencia Intrafamiliar II
materiales adicionales
En el año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emprendió un programa de actividades para introducir la perspectiva de género en sus ámbitos jurisdiccional y administrativo como una de las estrategias necesarias para cumplir con las obligaciones constitucionales derivadas del principio de igualdad y del derecho a la no discriminación. Entre los objetivos de dicho programa, se encuentra la reducción de los obstáculos para acceder a la justicia por parte de las mujeres y los grupos menos aventajados, el cuestionamiento de la supuesta neutralidad de las normas, y la visibilización de los impactos diferenciados que la interpretación de las leyes tiene en los hombres y en las mujeres. En este marco, el Máximo Tribunal del país, a través de la Coordinación General del Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación y la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció una alianza con la Editorial Fontamara para la realización de la serie “Género, Derecho y Justicia”. Esta serie y los propósitos que la animan son ahora posibles gracias al decidido apoyo de la Comisión de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada actualmente por el Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, la Ministra Olga María Sánchez Cordero y el Ministro José Ramón Cossío Díaz. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien formó parte de la misma en su composición original, igualmente contribuyó a la realización de este proyecto editorial.